El agua ¿bien público o mercancía? – primera parte

Dr. Alfredo A. César Dachary

El agua es el recurso más importante para todos los seres con vida en el planeta, desde las plantas al hombre, y su abundancia en éste es enorme ya que se estima que hay 1,34 millardos de kilómetros cúbicos, aunque hay un gran problema para el uso humano y de otras especies, y es que el 96.5% es salada y está alojada en los océanos y mares de la Tierra.

Por ello es que sólo el 3.5% del agua del planeta se pueda, en estas condiciones, ser utilizada directamente por el hombre, pero a su vez el 70% de esta “pequeña” cantidad de agua dulce no puede ser aprovechada, puesto que se encuentra recluido en los hielos de la Antártida, en Groenlandia, las nieves eternas y los glaciares situados en las cadenas montañosas del planeta.

De allí que el volumen de agua que se encuentra efectivamente disponible para el hombre y otras especies corresponde al 1% del agua total de la Tierra, la cual se halla en los lagos (naturales o artificiales), en los ríos y en las aguas subterráneas.

Hoy el planeta, con una población de más de siete mil millones de habitantes y un modelo irracional de uso y consumo de este bien, principalmente en los países más desarrollados lo que se refleja en amplias zonas con acceso muy limitado, se debe enfrentar a un sistema que intenta integrarlo a los productos comercializables, quitándole a los pueblos una riqueza que históricamente han cuidado, manipulado y utilizado.

Pero esta vez, una de las características de estos tiempos es que los problemas que tienen las sociedades de bajo desarrollo o en proceso de crecimiento, como las emergentes, son muchas veces similares a las desarrolladas, lo cual nos habla de una nueva situación, como la que vemos hoy en la Europa del sur empobrecida y marginada, aunque aún miembro de la Unión Europea (UE).

Y es allá donde se continua la lucha de resistencia por mantener lo ya logrado, el estado del bienestar, hoy en decadencia, por ello no asombra el lema de las últimas manifestaciones contra el tratado de libre comercio e inversiones entre la UE y Estados Unidos, un ejemplo de recolonización de un grupo de países denominados centrales por los hegemónicos.

El lema de las manifestaciones en Bruselas, capital de la UE, es: “El agua es un derecho humano y un bien público no una mercancía privada con la que hacer negocio”. La protesta estaba promovida por asociaciones pro derecho a la gestión pública del agua de diferentes países europeos, en especial, los más afectados por los recortes (como España, Italia, Grecia e Irlanda) aunque también han participado asociaciones provenientes de Alemania y Francia.

En ella se pide el reconocimiento por parte de la UE del agua como bien público y social y rechazan las negociaciones oscuras del tratado de libre comercio con Estados Unidos, que acabarán privatizando los recursos públicos como la gestión del agua.

La UE dejó libertad para que cada país optara por un modelo y así se empezó a privatizar la gestión del agua en toda Europa, sobre todo, a partir de la crisis, porque el sector público se quedó sin recursos económicos y vio en la privatización una manera de obtenerlos, por ello esta oleada de privatizaciones ha sido aprovechada sobre todo por las multinacionales francesas Veolia y Suez.

Así, la privatización del agua es una trampa para los Ayuntamientos porque obtienen 60 millones de euros por privatizarla durante 40 años, pero si el equipo de gobierno del siguiente mandato quiere dar marcha atrás debe pagar mucho más para compensar a la empresa, y en ciudades de medio millón de habitantes, no menos de 500 millones de euros, por lo que privatizar supone de facto encadenar el futuro de varias generaciones.

En otro extremo tenemos la experiencia de la República Oriental del Uruguay, donde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) pudo incluir, con el apoyo de un 64.6% de la población, el agua como un derecho humano básico en la Constitución de Uruguay. De este modo, se sentaron los cimientos para una gestión pública de los recursos hídricos basada en la participación social y la sostenibilidad.

En octubre de 2004, el pueblo uruguayo respaldó una iniciativa de la CNDAV por la que se enmendaba la Constitución en lo que fue una victoria electoral apoyada por más de 1.440,000 uruguayos, casi el 65% de los votantes. La enmienda estipulaba: “el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”.

Tanto en Estados Unidos como en Europa, los servicios públicos de agua han sido la base de la estabilidad política y financiera necesaria para fomentar el proceso de industrialización, por ello las gestiones del gobierno en servicios de agua y saneamiento, durante los siglos XIX y XX, pusieron fin a la proliferación de enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea y los parásitos. De esta manera al promover proyectos de agua, el gobierno promovía la salud pública.

Pero con la instauración del neoliberalismo durante los años noventa, grandes corporaciones, usualmente europeas, persuadieron a las comunidades en Estados Unidos de transferir el control del agua al sector privado, y estas compañías prometieron proveer fondos para desarrollar mejores servicios de distribución y un mejor servicio.

Pero estas promesas nunca se cumplieron sino que, por oposición, las multinacionales como la RWE, Suez y Veolia, sistemáticamente aumentaron los costos de este servicio a pesar de la mala calidad del servicio que proveían, y así dejaron a su paso, desastre y escándalos.

En el caso de la privatización que se llevó a cabo en Estados Unidos por empresas norteamericanas y europeas, el resultado de la privatización del agua es un fracaso, donde se combinan diferentes causas. La primera es un manejo privado no eficiente, pese a que la propaganda del sistema siempre habla de que el sector privado puede ofrecer un mejor servicio a un menor precio, éste termina siendo más oneroso que cuando lo administraban los estados.

Al igual que el resto del mundo, en Estados Unidos los pueblos o grandes ciudades se ha resistido a los intentos de privatización, y en los pasados cinco años, ese país ha sido testigo de diversos fallos éticos y comerciales por parte de estas corporaciones.

Un estudio de 204 proveedores de agua en Estados Unidos encontró que el rendimiento del sector público era superior al de las empresas privadas, esto se debe a que para las empresas privadas eficiencia significa mayor ganancia y no necesariamente un mejor servicio.

La idea de que la titularidad privada es más eficiente que la titularidad pública se basa en la creencia que la competencia en el mercado proporciona bajos precios. No obstante, el servicio de agua y alcantarillado son monopolios naturales debido a que usualmente una compañía controla las utilidades en un área y, por lo tanto, las personas no tienen opción a la hora de elegir un proveedor de servicio.

El segundo problema era el económico, ya que una mirada más cercana a los datos provistos por más de 1,000 contratos en Estados Unidos, reveló que las compañías privadas proveen un servicio de menor calidad y con un mayor costo que el sector público. Food and Water Watch comparó los costos promedios de servicio de agua de empresas públicas y privadas en cuatro estados: California, Illinois, Wisconsin y Nueva York, y en ese análisis encontró que las compañías privadas cobraban alrededor de un 13 a un 50 % más que las entidades públicas.

El tercer problema es el de la infraestructura y las ganancias, partiendo de la base que en Estados Unidos, no se les permite a las empresas públicas tener ganancias, por tanto los ahorros se reinvierten en los salarios de los empleados, mantenimiento y mejoras en el servicio.

Por oposición, la legislación les permite a las compañías privadas retener ganancias que representen un 10% de sus gastos, de allí que las corporaciones se aprovechan de esto al aumentar los gastos en infraestructura con el fin de incrementar las ganancias.

Al igual que otros servicios privatizados en ese país, siempre la sociedad es la queda atrapada entre un monopolio privado, ya que aceptan sólo la concesión si es exclusiva y sujeto a los vaivenes del mercado, como ya ocurrió con la electricidad y gas en California con la quiebra de Enron, y el fracaso de la privatización del servicio eléctrico en Gran Bretaña.

Los ejemplos son muchos y los costos que debió pagar la sociedad han sido mayores, pero en épocas de crisis, el Estado cree que tiene un derecho a concesionar este bien social, violando uno de los derechos humanos fundamentales.