Dr. Alfredo César Dachary
Luego de dos guerras realizadas sobre países de bajo desarrollo, las dos un fracaso, de Irak se retiran y dejan un ambiente de guerra civil que hoy está vigente y de Afganistán se deben volver porque no pueden vencer a los talibanes, además de una larga serie de asesinatos selectivos, a través de los drones, incluso unos vistos por una pantalla por el propio presidente y luego del escándalo mundial de la espía de teléfonos y correos que denuncia el ex agente de la CIA Edward Snowden, Estados Unidos, sin la menor vergüenza vuelve a ser el árbitro de la justicia mundial y los derechos humanos.
El gobierno de Barack Obama emitió sus calificaciones a un total de unos 200 países sobre sus prácticas de derechos humanos, sin pensar lo que ocurre al interior de su país y el propio Secretario de Estado asumió que Estados Unidos hacía esta calificación con el fin de promover la causa de la democracia y ningún país está tan comprometido con la causa de los derechos humanos como ellos, que tienen la cárcel más denigrante del mundo en Guantánamo.
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, transformadas en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra según las Convenciones de Ginebra y otras leyes, desde la tortura y maltrato en Abu Ghraib hasta matanzas de civiles denunciada por el soldado Bradley Manning, han pasado al olvido.
Parece ser que el Presidente Obama no considera como violación a los derechos humanos la tortura y la impunidad absoluta de altos funcionarios responsables de emplear métodos de tortura con detenidos en la guerra contra el terror, a pesar de la extensa documentación que comprueba violaciones de leyes internacionales y la confinación solitaria de miles de presos en ese país por plazos extensos es considerada tortura por algunos grupos de derechos humanos.
Tampoco parece ser violación a los derechos humanos el caso de los bancos que participaron en uno de los fraudes más grandes de la historia de la historia y que dejaron sin ahorros ni dinero para la subsistencia a millones de personas.
Otro tema que no parece recordarles los derechos humanos es que la población de Estados Unidos es el 5% de la población mundial y tiene el triste record de tener el 25% de los prisioneros del mundo, y esos 2.2 millones de prisioneros padecen abusos y condiciones ilegales, extensamente documentados por agrupaciones de derechos humanos.
En el siglo XXI, regido por la “democracia”, hay sólo cinco países que aplican la pena de muerte considerada violatoria de los derechos humanos por Amnistía Internacional, distinguiéndose el Estado de Texas, donde la mayoría de los ejecutados son parte de las minorías: latinos, negros o amarillos.
¿Población sin derechos humanos?
El tema de los indocumentados, millones de personas, sin derechos como lo fue en Sudáfrica durante la vigencia del Apartheid, fue una de las banderas para la elección y reelección del Presidente Obama, pero el racismo que subsiste en la sociedad WAP es aún muy fuerte. En Estados Unidos recién hace cuatro décadas les dieron plenos derechos a la población afroamericana, y ¿aún se sorprenden sobre los derechos humanos?
Hay 11 millones de mexicanos indocumentados que residen en Estados Unidos sin derechos civiles, sociales o políticos, constituyen la población más grande en esas condiciones desde los años de la esclavitud que terminó en 1863, según lo aseguró Douglas Massey, investigador de la Universidad de Princeton, al participar en la 12ª. Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México.
Sostuvo, además, que las deportaciones desde el interior del territorio estadounidense están creciendo y son mayores que las detenciones de quienes intentan cruzar la frontera sin documentos e indicó que la patrulla fronteriza aprehende a 200,000 mexicanos, en tanto que las autoridades deportan a 400,000 ya ingresados y establecidos en Estados Unidos.
Los indocumentados que residen en ese país se encuentran atrapados, pues sólo tienen apenas un 20% de probabilidades de reingresar a territorio estadounidense si salen de él, y si no logran entrar nuevamente perderían además de sus familias, sus casas y trabajos.
Para el investigador estamos en una nueva realidad en la historia de la migración entre México y Estados Unidos y no sabemos si las condiciones actuales indican una nueva era o solamente una pausa, ya que ello depende de decisiones que tomarán políticos de ambos lados de la frontera en los próximos años, pero especialmente de decisiones que se tomarán en Estados Unidos, que es donde está la resistencia al reconocimiento de estos “indocumentados”.
En todos los frentes hay graves problemas de violación de derechos, de falta de equidad de género, de segregación y demás formas de injusticia que terminan minando las relaciones sociales en lo que fue en su época el país del “sueño americano”.
Derechos, equidad de género y no discriminación en las Fuerzas Armadas
Un tema significativo, por ser uno de los ejes o sostén de Estados Unidos, son las Fuerzas Armadas, donde los escándalos de diferentes niveles no dejan de darse, publicitarse y, pronto, olvidarse.
Fraudes, violación a derechos humanos, abusos sexuales, pornografía infantil, corrupción, en síntesis, la escalada de delitos cometidos entre integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es, cada vez, mayor.
En los últimos años suman más de 600,000 casos registrados en sus unidades, tanto las que se encuentran en territorio estadounidense como en diversas partes del mundo. La sostenida degradación moral de los efectivos militares del país más poderoso del mundo podría tener como causa que “tal vez no estábamos enfocados en la disciplina”, reconoce el general Raymond Odierno y hasta la fecha, ningún militar de alto rango ha sido sancionado.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han sido sacudidas en los últimos meses por una larga lista de denuncias sobre escándalos sexuales, de corrupción, sobornos y otras conductas que evidencian recurrentes faltas éticas, desde oficiales de alto rango hasta soldados, por lo que a finales de 2012, la jefatura del Departamento de Defensa ordenó una revisión de los parámetros morales para los altos oficiales y emitió un memorando que instauró varias orientaciones generales en este aspecto para los integrantes de los servicios armados, tema que resaltó el diario The Washington Post.
En el 2012, el Secretario de Defensa, Charles Hagel, exigió a inicios de febrero una rendición de cuentas exhaustiva sobre la profundidad del panorama antiético que afecta al estamento castrense de Estados Unidos, y de acuerdo con el periódico Stars and Stripes, Hagel dio un plazo de 60 días a sus principales asesores para que elaboren un plan de acción con el fin de identificar estos “problemas sistémicos dentro de las Fuerzas Armadas”.
Racismo y ecología
Hablemos del racismo medioambiental con respecto al oleoducto Keystone XL. Y es que este racismo permite repetidamente el avance del desarrollo económico de Estados Unidos, ya que su sistema económico se basa en la mentalidad de conquista reflejada en el Destino Manifiesto y la Doctrina del Descubrimiento que deshumanizan a los pueblos indígenas.
Benjamin Chavis, activista de los derechos civiles, en 1994 acuñó la frase “racismo medioambiental,” definida como “la promulgación o aplicación de cualquier política, práctica o reglamento que afecte de manera negativa al medio ambiente de comunidades racialmente homogéneas o de bajos ingresos a un nivel dispar con comunidades ricas”.
Las estadísticas del mes de febrero de 2013 indican que las poblaciones de mayor pobreza se encuentran en reservas en el Estado de Dakota del Sur. La empresa TransCanada se aprovecha de esto: visita y envía cartas a cada oficina tribal en el corredor, ofreciendo recursos a estas poblaciones necesitadas con la condición de que acepten el oleoducto. Inclusive ofrecen fondos para realizar congresos indígenas gigantes; son nuevas formas de colonización. La activista indígena Winona LaDuke la nombró “economía depredadora”.
Agresiones en el exterior, cárceles llenas, pena de muerte, tortura permitida, poblaciones inmigrantes sin derechos y pueblos originarios en resistencia, un cuadro difícil de usar como marco para poder colocar en el medio la calificación que realizó el gobierno de Estados Unidos a más de 200 países en relación con los derechos humanos.
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