Dr. Alfredo A. César Dachary
Las elecciones realizadas este mes de mayo en España, han generado una larga lista de respuestas y análisis de acuerdo al enfoque que ha tenido o que tiene cada grupo político y otros actores sociales en este complejo proceso, que no podría definirse como una elección más.
Pero no podría entenderse plenamente, sino se ubica en el contexto europeo, que liderado por Alemania, intenta profundizar el proceso de integración con Estados Unidos, a través de un tratado de libre comercio e inversiones, que hipotecará lo que queda del estado del bienestar, fuertemente afectado por esta nueva estrategia.
Esto ha llevado a que los cuatro países del sur: Grecia, Italia, España y Portugal sean las economías con mayores problemas en este reacomodo de fuerzas de un sistema que se reinventa a partir de profundizar una sociedad global cada día más asimétrica.
España ha pagado un costo muy alto, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en el 2014, y donde el 16.1% de los hogares llega a fin de mes con «mucha dificultad», el 42.4% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y casi la mitad (45%) no puede ir de vacaciones ni siquiera una semana al año.
Los datos que se presentaron son una radiografía del costo social del “ajuste neoliberal extremo” que implementó el presidente Rajoy, donde el 21.6% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza y un 19.6% de los ciudadanos se encuentran por debajo del umbral de la pobreza relativa. A esta larga marcha se le suma que el 60% de las viudas vive por debajo del umbral de la pobreza.
Y para comenzar a ver la nueva geografía de la realidad, los datos plantean que las comunidades de Andalucía (24.3%), Murcia (22.7%) y Galicia (20.8 %) son las que tienen más hogares que llegan a fin de mes con «mucha dificultad».
El informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales muestra que casi la mitad de los españoles vivirá en situación precaria o en riesgo permanente de caer en la pobreza aunque se supere la crisis, en el informe sobre El estado social de la nación 2015, además de alertar sobre el aumento de las familias «pluri desahuciadas». «La inestabilidad en el empleo y los bajos salarios harán que casi la mitad de la población viva en situación precaria».
Según las cifras oficiales, hay 14 millones de personas que viven en situación técnica de pobreza y de ellos 6 millones en pobreza extrema, 40,000 familias fueron desalojadas de su vivienda por no pago de hipoteca o de la renta en el último año y en 731,000 hogares no entra ningún ingreso, todo esto como “costo” de la precariedad laboral, bajos salarios y los recortes en la protección social que llegaron a 4,970 millones de euros en 3 años.
Pero esta compleja situación, que ya ha pasado y sigue pasando en la mayoría de los países periféricos, tiene en el caso español una característica, ya que esta crisis profunda le ha servido a la sociedad hoy lastimada para poder enfrentar un cambio en la conducción de la política, que durante tres décadas y media ha estado controlada por un bipartidismo, inicialmente representantes de posiciones muy diferentes pero en este largo tiempo estas posturas se han ido ajustando, por lo que ambos hoy comparten ante los ciudadanos la responsabilidad por la situación a la que han arribado.
Los resultados electorales de este mayo del 2015, no son los que las encuestas y los constructores de miedos en la sociedad preveían, un triunfo muy amplio de otras fuerzas ajenas al bipartidismo oficialista, pero sin embargo el mensaje es claro, ésta es la punta del iceberg de una profunda transformación que los partidos tradicionales no han podido llevar adelante.
Para el presidente Rajoy, fue un triunfo del Partido Popular, la derecha asumida, y lo cual es una verdad a medias, ya que ninguna elección se puede medir sólo por los resultados, sino por dos variables que son básicas: los resultados anteriores que dan el índice de desaprobación, algo que fue notorio en ambos partidos oficialistas y, por el otro lado, la posibilidad de sostenerse en el poder algo que se ha complejizado ante los resultados.
El aparente “triunfo” del Partido Popular, en realidad es una profunda derrota, que marca el comienzo de un retroceso camino a la pérdida del poder de la formación política más acorde al momento europeo, aliada sin límites del poder de Bruselas e incondicional de Estados Unidos, hoy reflejado en el tratado de libre comercio e inversiones.
El triunfo aparente del PP fue a lo pirro, con un costo muy alto porque difícilmente en la mayoría de las comunidades autonómicas y principales ciudades del país pueda lograr mediante alianzas formar gobierno, algo que lleva a pactos, que rechaza la soberbia de esa derecha heredera directa de la dictadura franquista, la cuenta histórica pendiente en la conciencia de España, que fue parte del precio de la transición.
No es casual que en las grandes ciudades es donde se ve más claramente el fenómeno del deterioro del poder casi absoluto que había recibido el PP en las últimas elecciones, con holgadas mayorías para poder gobernar en solitario; son las grandes ciudades, donde la sociedad tiene mayor información y son los centros de mayor euforia política de los diferentes grupos y fuerzas que reflejan la vanguardia del país.
Madrid, capital del reino de España, hoy gobernada por Ana Botella, la esposa del expresidente Aznar, era el feudo más fuerte de los populares que llevan un cuarto de siglo en el poder, y en esta elección extrema entre una candidata de extrema derecha y una opuesta que representa una postura moderada atestiguada por una trayectoria como juez sin los escándalos tradicionales de los políticos, fue el primer golpe fuerte al orgullo de los neofascistas, encabezada por su candidata Esperanza Aguirre.
Esta mujer que sintetiza la visión soberbia de una derecha que se siente heredera del poder del franquismo, no sólo perdió su mayoría absoluta, sino que inició una campaña contra la triunfadora de las fuerzas sociales progresistas, la ex jueza Manuela Carmena, al mejor estilo de “Guerra fría” anunciando que la asunción de la candidata de Ahora Madrid, que es la fuerza de Podemos con otras alianzas, llevaría a Madrid primero y luego a España a una pérdida de la democracia.
En el otro extremo, en Barcelona, una capital económica, el triunfo de Ada Colau, que requiriera de alianzas y pactos para formar gobierno, es al igual que en el caso de Madrid, la emergencia de dos mujeres que no han sido políticas profesionales, pero si han tendido responsabilidades, y en el caso de Colau, ha sido una luchadora social en defensa de las viviendas frente a la política de desahucio sin límites que ha llevado adelante el PP.
En Barcelona, el triunfo es mayor ya que le ganó al favorito de la Barcelona tradicional y los dos grandes partidos nacionales caen a las últimas posiciones, como es el caso del PSOE que cae de once a cuatro escaños.
El otro caso emblemático de grandes capitales es el de Valencia, feudo del PP regenteado por Rita Barbera, y uno de los lugares de España donde la corrupción parece no haber tocado fondo lo cual termina hastiando a la sociedad.
Rita Barbera pierde la mitad de sus ediles y el nuevo gobierno será fruto de alianzas donde es muy posible que la lidere Compromis la fuerza emergente junto a las otras fuerzas de oposición.
La tendencia, en general, ha sido que no han perdido la elección en las grandes ciudades, sino que se han reducido y la oposición encabezada por los partidos emergentes sumados pueden formar gobierno y generar así una transición que iría dejando al PP más acotado a sus últimos feudos, situación que también se da en la comunidades autónomas del país.
Pero además del costo que ha significado el recorte del gasto social, la reducción del empleo y, por ende, el aumento del paro, hay otros costos aún mayores, como es la emigración española de alta calidad, por su formación académica y la salida de capitales a otras plazas financieras.
Pero a ello hay que sumar los grandes escándalos de fraudes de agentes del estado, desde una hija del rey al tesorero del Partido Popular, pasando por los gobiernos del PP, ya sea en Baleares o Valencia como las muestras más burdas de esta generación de políticos permeados por la corrupción, algo que también logró impactar fuertemente en la población para buscar la opción de un cambio, en búsqueda del paraíso perdido: el estado del bienestar.
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