[testimonials design=»clean» backgroundcolor=»» textcolor=»» random=»no» class=»» id=»»][testimonial name=»Dicho popular» avatar=»none» image=»» image_border_radius=»» company=»» link=»» target=»_self»]“Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar”[/testimonial][/testimonials]

Dr. Alfredo César Dachary

La Unión Europea (UE) fue un proceso de integración de entidades que sumaban fuerzas para mantener a estos antiguos países coloniales con una presencia y poder alternativo frente a la hegemonía de Estados Unidos.

Mientras duró la guerra fría fue el socio privilegiado y, a la vez, el espejo preferido para hacer un efecto demostración del estado del bienestar.

La caída de la URSS es el comienzo de la caída de la denominada Europa Occidental, ya que su función prioritaria había pasado al olvido, ya no hacía falta una región de “libertad y felicidad” frente a la “cortina de hierro”, dos eslogan que ocultan tras de sí la semilla de la actual tragedia.

La crisis de fines de la primera década del nuevo siglo colocó a los países europeos frente a su verdadera realidad, los latinos, ciudadanos de segunda y los sajones y germanos, los antiguos “bárbaros” en la historia de Occidente, pasaron a ser los ganadores pero siempre a lo pirrio, ya que su autonomía es relativa y, a la vez, están en un nuevo frente de la guerra fría.

La historia ya se había dado en el propio Estados Unidos, donde la sociedad del “American Way of Life” (estilo de vida americano), ha sido remplazada por una nueva del crédito de por vida-con trabajo precario, una realidad muy amplia, que aún mantiene prendida las esperanzas, de quienes hacen de la historia un capítulo más de novela, pura imaginación.

La sociedad del cliente eterno remplaza a la del empleo de por vida y genera una inestabilidad permanente a este nuevo sujeto que el mercado ha catalogado como un producto más, un creyente fanático de este nuevo reino donde el Dios verdadero es el dinero.

Luego que en Europa la socialdemocracia ayudó y fue el cómplice principal en la instauración del neoliberalismo, hoy nuevamente les toca junto a los partidos de derecha apoyar un proceso de “recolonización de Europa”, lo que unos denominan la “nueva dictadura de las multinacionales”, más eficientes en la nueva guerra fría que hoy se levanta frente a Rusia, la amenaza directa y China la nueva realidad alternativa.

Susan George, Directora del Transnational Institute de Ámsterdam, y una de las pensadoras más conocidas en la lucha contra el polémico acuerdo comercial ha sintetizado las ideas y la estrategia a seguir y que la Izquierda Unitaria Europea ha desgranado en los primeros días de diciembre en Bruselas, donde afirman que aún es posible parar el acuerdo y revelar su verdadera naturaleza, contraria a los intereses de la sociedad europea.

Para Zimmer, «no se trata del comercio, sino de la democracia, de los derechos sociales y del medio ambiente», por lo que la Izquierda Unitaria Europea ha celebrado recientemente en Bruselas el seminario Por una agenda comercial de los ciudadanos, Stop TTIP, CETA y TISA, para alertar de los múltiples peligros que a su juicio encierran el Tratado de libre comercio entre Bruselas y Washington conocido como el Transatlantic Trade and Investment Partnership, (TTIP), la Alianza comercial entre la UE y Canadá, Comprehensive Economic Trade Agreement, (CETA) y el Acuerdo sobre servicios que negocian la Unión Europea, Estados Unidos y otros 20 países, Trade in Services Agreement, (TISA).

Para Susan George, el TTIP apoya el petróleo y dentro del mismo, la extracción a través del ‘fracking’, y dará acceso sin restricciones a las materias primas, a lo que está en el suelo.

Entre las trampas que existen en estos acuerdos se suele omitir también la existencia de un Consejo de Cooperación Reguladora en el TTIP, que es una suerte de mesa de negociaciones a la que se sentarán las empresas después de la ratificación del acuerdo, para seguir negociando sobre la marcha distintos aspectos del tratado, y con ello el principio de reconocimiento mutuo de estándares que se aplicará en distintos sectores, por lo que la Unión Europea y Estados Unidos darán por buenos los estándares del contrario en varias áreas en las que interpretarán que éstos son similares, por lo que los menos exigentes prevalecerán junto a los más duros, reduciéndose de facto este nivel de exigencia normativa.

Para Kenneth Haar, del Observatorio Corporativo Europeo (CEO), se va a intentar cargar la regulación existente y por ello poco importa lo que sufran los ciudadanos, lo importante es lograr los enormes beneficios para las grandes corporaciones.

Susan George sostiene que el acuerdo puede dejar sin trabajo a 2 millones de pequeños agricultores en la Unión Europea y facilitar una explosión de casos de demandas a estados gracias al Mecanismo de Solución de Controversias Inversores – Estados (ISDS), además de permitir a las empresas imponer de facto una nueva legislación laboral, o de abrir la puerta a las privatizaciones, por lo que aconseja que no se entre a negociar un aspecto u otro, sino que se tiene que rechazar en su totalidad el tratado.

El precedente canadiense de este “nuevo acuerdo es el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio que firmaron México, Canadá y Estados Unidos, por el que el mecanismo de protección de inversiones del acuerdo NAFTA ya ha llevado a Canadá ante tribunales arbitrales en 35 ocasiones desde 1994, con el consiguiente desembolso de más de 136 millones de euros en costear estos procesos y pagar indemnizaciones, por lo que en Canadá no hay medidas sociales desde que se aprobó el acuerdo.

El NAFTA tiene un capítulo sobre energía, el de Reparto Proporcional, por el cual se establece que Canadá no puede reducir la producción de energía que se exporta a Estados Unidos, lo cual ha significado que este país está atado a un plan energético que no puede cambiar.

Los privilegios económicos de los inversores privados se dispararán con los tratados de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá, y la Unión Europea y Estados Unidos, según advierte la ONG Amigos de la Tierra.

Un nuevo estudio de esta organización revela que los gobiernos europeos ya han pagado al menos 3,500 millones de euros a inversores extranjeros privados debido a una cláusula existente en los tratados de comercio internacional y el ISDS se utilizaría mucho más si los tratados de comercio pendientes de aprobación entre la Unión Europea y Canadá (CETA) y la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) siguieran adelante tal y como están previstos.

El estudio muestra las graves consecuencias de este mecanismo en los tratados comerciales ya vigentes, dado que ha permitido a las grandes empresas extranjeras presentar recursos contra los gobiernos europeos ante tribunales de arbitraje privados. Este fenómeno podría adquirir proporciones dramáticas de aprobarse los dos tratados actualmente en negociación debido a la magnitud sin precedentes de dichos acuerdos.

El ISDS proporciona a las empresas extranjeras una vía para exigir indemnizaciones millonarias a los gobiernos si considerasen que una nueva legislación representa un obstáculo para la rentabilidad de sus inversiones.

Según la investigación, los Estados miembros del este han sido los principales objetivos en las demandas de compensación. Polonia se sitúa a la cabeza, con un acuerdo que le obligaba al pago de 2,000 millones de euros a Eureko, una compañía de seguros holandesa.

El documento incluye 127 casos de ISDS bajo el amparo de acuerdos bilaterales de inversión y otros tratados internacionales. Del mismo se puede extraer cómo las leyes ambientales suelen cuestionarse más a menudo, siendo dos tercios de los casos registrados. A pesar del análisis detallado, dado el secretismo en estos procesos de arbitraje, no se dispone de toda la información sobre los importes reclamados y adjudicados a las empresas.

“El secretismo que rodea al arbitraje inversor – estado denota que los datos presentados en el informe pueden ser sólo la punta del iceberg. Las cifras tan elevadas demuestran la carga inaceptable que se impone a los contribuyentes para tratar a los inversores extranjeros como grandes privilegiados. Si los tratados de comercio e inversiones entre la Unión Europea – Canadá y la Unión Europea – Estados Unidos siguen adelante como está previsto, se incrementarán las reclamaciones multimillonarias, y la ciudadanía se verá forzada a pagar la factura”, ha señalado Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra.

Resultados de la investigación:

  • Se conocen 127 casos de ISDS contra 20 Estados miembros de la Unión Europea desde 1994.
  • En sólo 62 de los 127 casos (48%) se han publicado los detalles de las compensaciones solicitadas por inversores extranjeros, representando casi 29,000 millones de euros.
  • Respecto a las sentencias de tribunales de arbitraje en contra de un Estado, el de mayor cuantía ha sido de 553 millones de euros (el caso del Ceskoslovenska Obchodni Banka contra Eslovaquia).
  • El acuerdo entre las partes de mayor importe ha sido de 2,000 millones de euros, pagado por Polonia a Eureko, una compañía de seguros holandesa.
  • El 76% de los casos conocidos (97 de los 127) se han producido contra nuevos estados miembros de la Unión Europea que han entrado entre 2004 y 2007.
  • 26 de las reclamaciones de ISDS se han dado en República Checa (20% del total), haciendo que sea éste el Estado miembro de la Unión Europea con más casos presentados en su contra.
  • El 60% de los casos (75 de 127) son relativos a legislación ambiental.

Según Natacha Cingotti, portavoz de Amigos de la Tierra – Europa, asegura que estos privilegios para los inversores crean un efecto devastador en la legislación ambiental y social. Los tratados de comercio Unión Europea – Estados Unidos y Unión Europea – Canadá son un caballo de Troya antidemocrático que debe pararse.

Ante esto, hoy ya se han conseguido más de un millón de firmas en contra de estos tratados comerciales. La petición ha sido lanzada por la Coalición Stop TTIP después de que fuese rechazada por la Comisión Europea como Iniciativa Ciudadana Europea a principios de septiembre.

Los sectores más progresistas de Europa plantean un freno a este proceso de “integración”, porque ven en el mismo el regreso a una recolonización de la era global.

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