La recolonización en América Latina

“Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla” Albert Einstein.

Alfredo César Dachary.

Como todos los años en Davos, el festival mundial de riqueza, aparecen junto a los grandes proyectos las grandes carencias de la humanidad, que juegan el papel de ser creadoras de sentimientos, mayoritariamente falsos, que a la vez son una manera en que la gente se justifica a sí misma.

Hablamos del Informe anual de OXFAM, que termina siendo un documento para ciegos del alma, ya que de un año a otro los problemas se agudizan en vez de reducirse y la indiferencia aumenta en la medida que aparecen nuevas formas de justificativos “morales”, aportar a una ONG anualmente, apoyar a una revista contestaria y otras medidas típicas de la tibieza.

El Informe repite la procesión de la miseria, donde el 1% más rico de la población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada el año pasado, mientras que la mitad más pobre no se benefició en absoluto.

Como ejemplo de la crisis mundial que tanto comentamos, aparece el dato frio de que entre marzo de 2016 y marzo de 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días.

Como contrapartida al aumento de los ricos y su riqueza tenemos que el 50% más pobre, 3,700 millones de personas, no obtuvo ningún beneficio del crecimiento económico; éste es el modelo de economía mundial que posibilita que los más ricos sigan acumulando grandes fortunas, mientras que cientos de millones de personas luchan cada día para sobrevivir con salarios de pobreza: su apellido es Neoliberalismo salvaje.

Otra foto de la galería de la vergüenza nos la Oxfam cuando plantea que la diferencia de ingresos entre ricos y pobres se profundiza, ya que desde el año 2010, la riqueza de esta élite económica ha crecido en un promedio del 13% al año; seis veces más rápido que los salarios de las personas trabajadoras que sólo han aumentado un promedio anual del 2%.

En nuestra región, América Latina y el Caribe, el 10% más rico de la población concentra el 68% de la riqueza total y el 50% más pobre sólo accede al 3,5% de la riqueza total, mientras que el 16% de los trabajadores asalariados y el 28% de los trabajadores por cuenta propia se encuentran en situación de pobreza.

El dato que sintetiza esta profunda asimetría es que, en 2016, 61 personas poseían la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Este dato fue calculado por Oxfam a partir de datos de Credit Suisse.

►Un mundo de ciegos

Durante las 24 horas recibimos información, tanta que es imposible procesar y menos diferenciar por lo que sea. Los datos que llaman la atención no son los problemas que realmente nos aquejan, más ahora que estamos en el tiempo de la post-verdad donde la mentira bien disfrazada se impone a la verdad que nos deja un cierto dejo de “complicidad”.

Por ello, a veces escuchamos los grandes problemas, pero se nos hace difícil poder ubicarlos y entender que hay detrás de ellos, no podemos visualizar estas tragedias más allá de las tradicionales que genera la naturaleza cada día más alterada por el hombre, cuyo juego a ser Dios lo ha logrado obnubilar.

En Occidente estamos acostumbrados, más en Latinoamérica, a saber cuál es el país que ha intervenido más en los asuntos internos económicos y políticos y tenemos claro que es Estados Unidos, heredero del imperio colonial inglés, hoy promotor de un nuevo neocolonialismo, que a diferencia del anterior esta vez corre por muy diferentes caminos a una futura sociedad homogénea de nuevos “androides” con alma.

Pero esto también es una simplificación de que el enemigo es siempre el mismo, lo cual es una verdad a medias, ya que el grupo de países que acompaña al país hegemónico en su proceso de generar grandes inversiones y beneficios en la periferia es amplio.

Hace unos años llamaba la atención que había un conflicto entre Argentina y Uruguay por unas empresas papeleras, las pasteras, que se habían colocado del lado uruguayo del río Uruguay y la población vecina de Argentina sostenía que tendría un grave proceso de contaminación del río y la región turística que éste abarca.

El conflicto tenía como contraparte a Finlandia, un país muy ordenado, ecológicamente correcto, pero que no quería tener este tipo de empresas en su país, al igual que Estados Unidos hizo con las industrias altamente contaminantes, como las cementeras, que pasaron al otro lado de la frontera.

Esto nos llamó mucho la atención, porque en la última década un país con fama de ser muy “serio” y “verde” como Canadá, encabeza la lista de los grandes destructores de los ecosistemas a partir de la minería a cielo abierto. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) hay 229 conflictos que afectan a 334 comunidades, la mayoría pueblos originarios.

Los países con mayoría de conflictos son: Perú con 39, México con 37, Argentina con 27, Brasil con 20 y Colombia con 14, entre los más representativos, muchos son en el interior de estos países y un porcentaje en las zonas de frontera.

Pero, así como Finlandia, un país sin prensa negativa entró a los conflictos ambientales en Latinoamérica, hay otros que también tienen una larga historia como es el caso de España en Latinoamérica y Francia, Bélgica y Holanda en África.

La presencia de España, no es de los españoles, es de las empresas españolas que tienen una larga tradición de generar inversiones en temas conflictivos desde la minería al petróleo, desde la electricidad a los bancos además del turismo, la actividad en la que cuentan con mayor experiencia.

Los estudios de denuncia los han realizado las ONG españolas como Ecologistas en Acción, OMAL-Paz con Dignidad y Calalá Fondo de Mujeres, que han publicado el informe “El IBEX 35 en guerra contra la vida, transnacionales españolas y conflictos socio-ecológicos en América Latina, un análisis eco-feminista”.

En este Informe se describen tres conflictos originados por la acción de varias empresas españolas: Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia. En todos los casos analizados se han detectado patrones comunes en los impactos socio-ecológicos provocados y en la violación de derechos humanos cometidos. El documento muestra como la irrupción de las transnacionales en comunidades indígenas y campesinas ha supuesto una reconfiguración de las relaciones de género.

No entran en este análisis trabajos vinculados al turismo y los inmobiliarios que también son una importante veta de inversión extranjera en los países emergentes donde la necesidad de inversiones que generen empleo y beneficios les permite hacer sobre los ecosistemas y la sociedad lo que en sus países se prohíbe.

En el 2017, más de 300 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas por realizar una resistencia a este modelo de neocolonialismo, así casi el 70 % de ellas defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente, una historia que anualmente se repite en estos lugares aislados y con grandes riquezas.

Los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático para acallar a quienes se enfrentan a los intereses corporativos, que incluyen amenazas, hostigamiento y detenciones, entre otras agresiones físicas, legales y sociales.

La acción de las transnacionales españolas en el exterior no está desvinculada de este contexto. El informe visibiliza y denuncia los impactos socio ecológicos y la vulneración de derechos humanos cometidos por la acción de empresas españolas en América Latina.

Esta es la otra cara de la marca España, a través de la descripción de tres conflictos, que son la punta del iceberg de una larga lista que mayoritariamente afecta a los pueblos originarios, los tres ejemplos que da el informe son:

  • La extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol.
  • La construcción del complejo hidroeléctrico Renace por parte del Grupo ACS en Guatemala.
  • El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México que involucra a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia.

Los megaproyectos de las empresas analizadas se ubican en territorios indígenas y campesinos, provocando graves impactos socio-ecológicos en las zonas donde se asientan, con contaminación y acaparamiento de tierras y de agua, deforestación y fragmentación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad que son alguno de los importantes impactos ecológicos. Éstos han incidido en una pérdida de su soberanía alimentaria y su autonomía y una ruptura de sus formas de reproducir la vida tanto en términos materiales como socio-culturales.

Hay sistemáticos eventos de vulneración de derechos humanos cuando las empresas españolas tratan de implantar sus megaproyectos en los territorios. La ausencia de un ejercicio de consulta previa, libre e informada tal y como exige el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas es un rasgo común en todos los casos analizados, pero no el único.

Desinformación, engaños, firma de contratos abusivos, incumplimiento de acuerdos, sobornos, generación de redes clientelares, cooptación de dirigencias locales, extorsión, injerencias e infiltración en organizaciones locales son algunas de las tácticas identificadas que utilizan las compañías.

Por todo ello, los defensores del medio ambiente que se oponen a los intereses corporativos son objeto de procesos de criminalización, acoso, persecución, estigmatización, judicialización, amenazas, agresiones y asesinatos cometidos en el marco de los conflictos, bajo el amparo de las leyes y autoridades nacionales que sirven de “paleros” de los grupos de inversión.

Así la historia se repite, pero no como comedia sino como una nueva tragedia que lleva tras de sí una larga historia de persecución, despojo y muerte de los que no aceptan el nuevo orden.

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